El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó remitirá a la Agencia Española de Protección de Datos el auto dictado por la Audiencia Provincial de Castelló que sobresee todas las actuaciones por la vía penal sobre el caso de la cámara oculta para que continúe la investigación por la vía administrativa. En este caso, en el campo relativo a la utilización de las imágenes grabadas. Así lo comunicó la concejala y portavoz popular Elena Vicente-Ruiz, que añadió que "en su momento la agencia ya abrió un expediente en este asunto preguntando qué se hizo con las imágenes que se grabaron, por si se hubiera cometido con la instalación de la cámara alguna acción con repercusión administrativa". Aquella intervención de la agencia se produjo en 2008.

La concejala portavoz, aunque afirmó respetar la decisión de la Audiencia, señaló que se "denunció la cuestión porque nos parecía un tema grave e ilícito" pues con el auto en el que se reconoce la instalación del dispositivo y de la modificación de la factura, "se deja libertad a los políticos de investigar lo que les interesa, amparándose en la voluntad de no causar daño a nadie" para añadir que además "los jueces dejan la puerta abierta a manipular documentos públicos para que los ciudadanos no sepan en qué se gasta el dinero de todos y esto es preocupante". Señaló que si los jueces consideran que "la actitud es legal" al menos "parece muy poco ética".
Vicente-Ruiz reconoció el final del proceso judicial, así como el pago de las costas por el ayuntamiento, cosa que informó, ha pasado con otras sentencias como la de la boda de la diputada autonómica socialista María José Salvador, "que provocó un conflicto con la Iglesia por la Casa del Ermitaño y que perdió el consistorio con 60.000 euros de costas".