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| Aumentan las quejas por la inclusión indebida en listas de morosos |
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Las denuncias de ciudadanos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) crecieron el pasado año un 75% respecto a las cifras del año anterior. Estuvieron relacionadas sobre todo con internet, la videovigilancia y con la inclusión indebida de datos en listas de morosos.
Así se recoge en la memoria de la AEPD correspondiente a 2009, presentada ayer por el director de este organismo, Artemi Rallo. El informe refleja, además, que durante el pasado año se atendieron 2.000 solicitudes de derechos de tutela de ciudadanos a los que no se les permitió ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición (58% más que en 2008).
En la esfera de la morosidad, las denuncias se incrementaron en un 225% y en más de un 570% las tutelas de derechos iniciadas por la agencia, aunque ésta no dispone de elementos de juicio para valorar la relación de estos datos con la crisis económica.
Respecto a la casuística de las reclamaciones de personas cuyos datos habían sido tratados de forma indebida en la reclamación de deudas, se aprecia cómo han proliferado las denuncias relacionadas con la inclusión indebida en ficheros de morosos por deudas que eran objeto de reclamación judicial, arbitral o administrativa; o por vulnerar el deber de secreto al intentar cobrar la deuda, divulgando la supuesta cuantía a familiares y allegados para forzar el cobro.
Cabe destacar los procedimientos resueltos sancionando, hasta con 420.000 euros en alguno de los casos, a empresas - principalmente de telecomunicaciones- tras comprobar que habían vendido su cartera de deudores a terceras empresas, incluyendo a deudores o deudas inexistentes.
Rallo destacó que el «notabilísimo» incremento de las denuncias significa que el ciudadano tiene cada vez más información, lo que se traduce «en un mayor grado de conciencia» sobre la necesidad de proteger sus derechos. El director de la AEPD reconoció también la «inestimable labor» de los medios de comunicación.
Las reclamaciones de los ciudadanos ante el organismo en relación al «derecho al olvido», pidiendo que se cancelen sus datos en páginas de internet, se incrementaron un 200%, al pasar de 18 en 2008 a 57 el pasado año, cuando en 2007 tan sólo se habían registrado tres.
Este hecho revela, según Rallo, que crece el interés de los ciudadanos por evitar que sus datos aparezcan en los resultados de buscadores de internet a partir de los datos identificativos de una persona.
Facebook y Tuenti
Destacó también como dato «significativo» las investigaciones que tuvieron su origen en 31 denuncias relacionadas con usuarios de Facebook o Tuenti, sobre todo por la difusión de fotografías sin consentimiento, teniendo en cuenta que en 2008 no había ninguna. «Las redes sociales han cruzado ya varias líneas rojas, han rebasado el vaso de la paciencia», aseveró Rallo.
El director de la AEPD afirmó que cada vez existe más conciencia de que las autoridades deben reaccionar. En este sentido, aseguró que la agencia «va a estar en primera línea», tanto de forma unilateral como junto a otras autoridades de protección de datos. Aseguró que más importante que sancionar es prevenir la puesta en marcha de estos servicios sin garantías.
El organismo resolvió el pasado año 709 procedimientos sancionadores, de los que 621 acabaron con sanción con un importe total de 24,8 millones, lo que supone un incremento que roza el 13% .
Respecto a la distribución territorial, las entidades con sede en Madrid ocupan el primer lugar, con 452 resoluciones; seguida de Cataluña (70) y Andalucía (39).
Las sanciones por videovigilancia se han incrementado más de un 300%, debido en gran parte a la «tarea encomiable» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las administraciones locales, y se sitúa como el segundo sector más sancionado, tras el de las telecomunicaciones y por delante del financiero.
También se incrementaron el número de entidades que declararon ficheros de videovigilancia ante la agencia: 37.613 hasta diciembre de 2009 y más de 52.000 a fecha de hoy.
Sobre el sector sanitario, Rallo aseguró que le preocupa el tratamiento que se hace de los datos de salud y «cada vez más» se ve obligada a abrir investigaciones relacionadas con la incorrecta custodia y conservación de historiales médicos que «en demasiadas ocasiones aparecen en la vía pública».
Las principales reclamaciones respecto al derecho de acceso están relacionadas con el historial clínico de familiar fallecido o la historia clínica que se considera se ha suministrado de manera incompleta.
Fuente: www.eldiariovasco.com
Fecha de Publicación: 03/06/2010
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