La empresa creadora del programa para móviles Carrier IQ, que está instalado en más de 141 millones de teléfonos de todo el mundo sin el conocimiento de los usuarios, ha hecho público un documento en el que explican cómo y qué tipo de datos recopila. Carrier IQ reconoce que ha recogido el contenido de algunos sms, tal y como desveló el experto en seguridad Trevor Eckhart el mes pasado. En principio, la compañía amenazó con demandarle, pero, dada la notoriedad adqui-rida por el caso, se ha visto obligada a dar explicaciones.

Carrier IQ admite esa recogida de datos, pero justifica que se ha tratado de un fallo de seguridad y que sólo lo ha hecho "en algunas circunstancias", como cuando un usuario recibe un sms durante una llamada. La compañía explica que, de cualquier forma, en esta recopilación "involuntaria" los mensajes se han recogido codificados y no son legibles. "Carrier IQ no decodifica ni procesa ningún sms", añade.

Si no es por la calidad de la democracia, al menos que sea por dinero. Con ambos objetivos, la Comisión Europea propondrá hoy una reforma legal que obligará a los países a abrir sus archivos y hacer públicos todos los datos recogidos a todos los niveles de la Administración, con excepción de aquellos que ya estén protegidos por el derecho a la privacidad o que sean sensibles para la seguridad nacional.

Bruselas recuerda que el derecho a saber pertenece a los ciudadanos, pero calcula además que un acceso abierto a datos y documentos públicos podría traducirse en unos beneficios directos e indirectos de hasta 140.000 millones de euros al año en la UE. "Tus datos tienen más valor si son accesibles, así que empecemos a liberarlos ya", porque "los contribuyentes ya han pagado por esta información y lo mínimo que podemos hacer es devolverlos a aquellos que quieran usarlos para crear crecimiento y puestos de trabajo", tiene previsto decir hoy la comisaria a cargo del sector de las telecomunicaciones, Neelie Kroes, en un discurso al que ha tenido acceso este diario.

El Tribunal Supremo ha condenado al Opus Dei a cancelar los datos que figuran en su fichero correspondientes a una mujer que decidió darse de baja de la organización y a pagar hasta 3.000 euros en concepto de costas del juicio y abogado.

Así lo ha decretado la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia relativa a un caso de protección de datos en el que la Audiencia Nacional ya se había pronunciado a favor de la demandante.

Los hechos se remontan a agosto de 2006, cuando M.I.M., que había abandonado la organización religiosa, solicitó a la Prelatura del Opus Dei que borrara sus datos de todos los archivos.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) hace un llamamiento "especial" a los poderes públicos, responsables de redes sociales, educadores y padres para que colaboren en la seguridad de la privacidad de los menores en el uso de Internet y propone que se incorpore a los planes de estudio el aprendizaje sobre el control de los datos personales de los niños en la Red.

Con motivo del Día Internacional de la Seguridad de la Información, que se celebra este miércoles, la AEDP señala que estos riesgos "nacen del desconocimiento por parte de los menores de cómo ejercer un control efectivo sobre sus datos y los de terceras personas".